Se llegó a las elecciones del 7 de julio de 1963 en una situación muy parecida a las de 1957: el peronismo había sido proscripto nuevamente por el gobierno de facto de José María Guido y la UCR continuaba dividida en sus dos ramas, la UCR del Pueblo y la UCR Intransigente. Los peronistas decidieron votar en blanco, pero una proporción de sus votos emigró a favor del candidato de la UCR del Pueblo, Arturo H. Illia, quien con el 25% de los votos ganó como primera minoría.
Esta segunda experencia constitucional posperonista se inició con peores perspectivas que la primera. Las principales fuerzas corporativas, incapaces por el momento de elaborar una alternativa a la democracia constitucional, no tenían la mínima voluntad de comprometerse con el nuevo gobierno. El partido ganador, la UCR del Pueblo, había obtenido un poco representativo porcentaje de los sufragios, y si bien tenía mayoría en el Senado, sólo controlaba 13 de 22 gobernaciones , y no tenía mayoría en la Cámara de Diputados. a diferencia de Frondizi, el nuevo gobierno radical le dio mucha más importancia al Congreso y a la escena política democrática, tanto por auténtica convicción como por su escasa propensión o capacidad para negociar con las principales corporaciones. La mayor actividad parlamentaria no benefició al gobierno de Illia, que no logró estructurar una alianza consistente en el Congreso, ni tampoco comprometer auténticamente a las fuerzas políticas en la defensa de la institucionalidad.
La principal oposición provinoa del peronismo proscripto, representado en los sindicatos y en la CGT. Ante el avance de los sindicatos, Illia intentó aplicar los recursos de la Ley de Asociaciones Profesionales, aprobada durante su gobierno, para controlar a los principales dirigentes sindicales, especialmente en el manejo de los fondos y de las elecciones internas, buscando que surgiera una corriente de dirigentes independientes del aparato peronista.
Los sindicalistas, liderados por el metalúrgico Augusto T. Vandor respondieron ante el intento de control con su Plan de Lucha, que consistió en la ocupación escalonada, entre mayo y junio, de 11.000 fábricas, en una operación que que involucró a casi 4 millones de trabajadores, de planificación exacta, sin desbordes ni amenazas a la propiedad. Desde la derecha y desde la izquierda se quiso ver en esta acción el comienzo de un asalto al sistema, aunque se trataba de una expresión de la estrategia impulsada por Vandor. Tal despliegue estaba dirigido en parte a obtener concesiones del gobierno (dejar de presionar a los sindicatos), pero sobre todo a demostrar que constituían un actor de peso en cualquier negociación seria, con el gobierno, con los militares, con los empresarios y con el mismo Perón.
El gobierno de Illia levantó en el primer semestre de 1964 la proscripción y los sindicatos encabezaron una reorganización del Partido Jusiticialista (nuevo nombre del Partido Peronista). Esto les llevó a un enfrentamiento creciente con Perón, amenazado en su liderazgo. Vandor organiza el regreso de Perón, y en noviembre de 1964 Perón parte en un avión desde Madrid con rumbo a Buenos Aires. Sin embargo, bajo indicaciones de la cancillería argentina, es detenido en una escala en Río de Janeiro y obligado a regresar al Viejo Continente. En marzo de 1965 el Partido Justicialista fue proscripto y debió presentarse a las elecciones de renovación parlamentaria con el nombre de Unión Popular. El peronismo tuvo un amplio triunfo en las elecciones - obteniendo el 36% de los votos - y Vandor vislumbró en este triunfo la posibilidad de institucionalizar el peronismo sin Perón. Éste, viendo su liderazgo amenazado organiza un partido peronista fiel a su persona, que supera en votos a Unión Popular en las elecciones a la gobernación de Mendoza. Así, Perón y Vandor habían llegado a un empate: Perón ganaba en el plano electoral y Vandor se imponía en la organización y conducción sindical. Esta derrota de Vandor influyó en su desinterés por las instituciones democráticas que lo desfavorecían, y en su decisión de acercarse a negociar con los principales sectores corporativos.
En los primeros años del gobierno de Illia, las Fuerzas Armadas se dedicaron, bajo el liderazgo de su Comandante en Jefe, J. C.Onganía, a establecer la unificación y orden en las fuerzas. Pensaban que realizar un golpe de estado habiendo facciones internas generaría un desastre mayor del que quisieran impedir. En 1965, en una reunión de jefes de Ejército americanos en West Point, Onganía manifestó su adhesión a la llamada “doctrina de la seguridad nacional”; las Fuerzas Armadas, apartadas de la competencia estrictamente política, eran sin embargo la garantía de los valores supremos de la nacionalidad, y debían obrar cuando estos se vieran amenazadosos, particularmente por la subversión comunista. Esta doctrina era abiertamente antidemócratica ya que le daba a las fuerzas armadas un poder por sobre el de un gobierno demócratico elegido constitucionalmente.
Al contrario de las administraciones que lo precedieron, Illia gobernó sin poner en vigencia Estado de Sitio, ni el Plan Conintes ni el Estado de Guerra Interno.Esta segunda experencia constitucional posperonista se inició con peores perspectivas que la primera. Las principales fuerzas corporativas, incapaces por el momento de elaborar una alternativa a la democracia constitucional, no tenían la mínima voluntad de comprometerse con el nuevo gobierno. El partido ganador, la UCR del Pueblo, había obtenido un poco representativo porcentaje de los sufragios, y si bien tenía mayoría en el Senado, sólo controlaba 13 de 22 gobernaciones , y no tenía mayoría en la Cámara de Diputados. a diferencia de Frondizi, el nuevo gobierno radical le dio mucha más importancia al Congreso y a la escena política democrática, tanto por auténtica convicción como por su escasa propensión o capacidad para negociar con las principales corporaciones. La mayor actividad parlamentaria no benefició al gobierno de Illia, que no logró estructurar una alianza consistente en el Congreso, ni tampoco comprometer auténticamente a las fuerzas políticas en la defensa de la institucionalidad.
La principal oposición provinoa del peronismo proscripto, representado en los sindicatos y en la CGT. Ante el avance de los sindicatos, Illia intentó aplicar los recursos de la Ley de Asociaciones Profesionales, aprobada durante su gobierno, para controlar a los principales dirigentes sindicales, especialmente en el manejo de los fondos y de las elecciones internas, buscando que surgiera una corriente de dirigentes independientes del aparato peronista.
Los sindicalistas, liderados por el metalúrgico Augusto T. Vandor respondieron ante el intento de control con su Plan de Lucha, que consistió en la ocupación escalonada, entre mayo y junio, de 11.000 fábricas, en una operación que que involucró a casi 4 millones de trabajadores, de planificación exacta, sin desbordes ni amenazas a la propiedad. Desde la derecha y desde la izquierda se quiso ver en esta acción el comienzo de un asalto al sistema, aunque se trataba de una expresión de la estrategia impulsada por Vandor. Tal despliegue estaba dirigido en parte a obtener concesiones del gobierno (dejar de presionar a los sindicatos), pero sobre todo a demostrar que constituían un actor de peso en cualquier negociación seria, con el gobierno, con los militares, con los empresarios y con el mismo Perón.
El gobierno de Illia levantó en el primer semestre de 1964 la proscripción y los sindicatos encabezaron una reorganización del Partido Jusiticialista (nuevo nombre del Partido Peronista). Esto les llevó a un enfrentamiento creciente con Perón, amenazado en su liderazgo. Vandor organiza el regreso de Perón, y en noviembre de 1964 Perón parte en un avión desde Madrid con rumbo a Buenos Aires. Sin embargo, bajo indicaciones de la cancillería argentina, es detenido en una escala en Río de Janeiro y obligado a regresar al Viejo Continente. En marzo de 1965 el Partido Justicialista fue proscripto y debió presentarse a las elecciones de renovación parlamentaria con el nombre de Unión Popular. El peronismo tuvo un amplio triunfo en las elecciones - obteniendo el 36% de los votos - y Vandor vislumbró en este triunfo la posibilidad de institucionalizar el peronismo sin Perón. Éste, viendo su liderazgo amenazado organiza un partido peronista fiel a su persona, que supera en votos a Unión Popular en las elecciones a la gobernación de Mendoza. Así, Perón y Vandor habían llegado a un empate: Perón ganaba en el plano electoral y Vandor se imponía en la organización y conducción sindical. Esta derrota de Vandor influyó en su desinterés por las instituciones democráticas que lo desfavorecían, y en su decisión de acercarse a negociar con los principales sectores corporativos.
En los primeros años del gobierno de Illia, las Fuerzas Armadas se dedicaron, bajo el liderazgo de su Comandante en Jefe, J. C.Onganía, a establecer la unificación y orden en las fuerzas. Pensaban que realizar un golpe de estado habiendo facciones internas generaría un desastre mayor del que quisieran impedir. En 1965, en una reunión de jefes de Ejército americanos en West Point, Onganía manifestó su adhesión a la llamada “doctrina de la seguridad nacional”; las Fuerzas Armadas, apartadas de la competencia estrictamente política, eran sin embargo la garantía de los valores supremos de la nacionalidad, y debían obrar cuando estos se vieran amenazadosos, particularmente por la subversión comunista. Esta doctrina era abiertamente antidemócratica ya que le daba a las fuerzas armadas un poder por sobre el de un gobierno demócratico elegido constitucionalmente.
El descontento militar ante la creciente apertura electoral al peronismo se combinó con una fuerte campaña de desprestigio, impulsada por sectores económicos conservadores que criticaban duramente ciertas políticas del gobierno radical, como la Ley de Medicamentos (Ley Oñativia), la política petrolera y cierta autonomía de los Estados Unidos en la política internacional. La mayor parte de la sociedad descreìa de la democracia y el 28 de Junio de 1966 el presidente fue derrocado. Hasta la UCRP prefería un golpe antes que una mayor apertura hacia los peronistas.
Buen planteo, completo pero un poco decriptivo. No siempre enfocado en la política, dedica bastante espacio a la descripción de los problemas internos del peronismo.
ResponderEliminar"La historia siempre se reescribe y lo hace desde el presente. Por eso hoy sabemos muy poco de determinados periodos que han quedado en el olvido y si "sabemos", o mejor dicho se citan y nos hablan de otros ex presidentes. Sin duda la figura política más renombrada es la de Perón. Aun en una época como la actual -tan diferente en muchos aspectos a las distintas etapas de Perón en la política argentina-, se sigue hablando de el, y, de hecho, el partido político que el fundo es actualmente el partido gobernante. Y en contrapartida la lista de los grandes olvidados la encabeza el Dr. Illia. Visto en perspectiva histórica es claro que fue un gobierno débil y eso en política se paga. No fue un caudillo como les gusta a las masas que quieren ser aduladas y en su gestión afecto intereses varios que se sintieron perjudicados. Fue manipulada desde los medios de comunicación una imagen de presidente lento e ineficaz y así se pudo orquestar el golpe de Estado que lo destituyo. En ese sentido una gran paradoja de la historia es que los militares que intervinieron en ese golpe, echándolo de la Casa Rosada como el Cnel Perlinger y el Gral. Julio Alsogaray, se manifestaron años después arrepentidos de su proceder y de su error histórico. Si los argentinos hubieran podido ver el futuro que les esperaba saturado de violencia y de violación de toda ley, sin duda no hubieran permitido ese "golpe" de Estado a quien llevo a cabo una gestión defensora de los intereses del país en general sin concesiones groseras a los factores de poder que lo terminaron destituyendo.
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